El conjunto de la sociedad de nuestro país reconoce que el desarrollo de la macroeconomía nacional ha alcanzado logros importantes en los últimos años, generando fuertes excedentes especialmente en algunos rubros productivos. Sin embargo, este mejoramiento no favorece aún a la mayoría de la fuerza de trabajo disponible en los sectores populares, y el mayor empleo no se traduce masivamente en beneficios concretos y permanentes. La experiencia de los últimos años muestra que en el mundo popular se ha generado y extendido una economía informal y/o popular, basada en pequeñas iniciativas productivas o de servicios que funcionan por ensayo y error más que por fundamentaciones técnicas. Estas unidades que según cifras oficiales pueden llegar a unas 700.000 dan trabajo y ocupación a un amplio sector de la población.

Por su parte como consecuencia de las dificultades coyunturales que ha presentado la economía nacional en los últimos años, se detecta que nuevas iniciativas de ocupación unipersonal y familiar se han debido desarrollar como consecuencia de la pérdida de empleos permanentes en la economía formal.

En este contexto las microempresas precisan de un apoyo efectivo para lograr consolidarse y expandirse como alternativas permanentes de generación de ingreso para quienes en ellas laboran. El esfuerzo desplegado desde el Estado por el Gobierno requiere ser complementado por instancias de apoyo y por los propios beneficiarios en un proceso participativo que genere nuevas capacidades de emprendimiento, de enfrentar riesgos y de articulación en redes y asociaciones locales de los productores.

A partir de la situación general antes señalada el problema central que se desea abordar con estas iniciativas es el bajo nivel de desarrollo económico y social de las unidades productivas, lo que da origen a diversas carencias que afectan la calidad de vida de estas poblaciones.